Proyectos de cooperación

Desde ADES y ARPAS se comparte el interés de profundizar en el derecho a la comunicación, como estrategia hacia la libre expresión, acceso al conocimiento y a la libre información, y el fortalecimiento de los medios locales alternativos de comunicación como estrategia frente a la criminalización de las personas defensoras de derechos en El Salvador. Con esta perspectiva o enfoque derechos, se pretende contribuir al ejercicio efectivo de los derechos humanos para la mejora de la calidad de vida de mujeres y hombres de las comunidades rurales de El Salvador, que se plantea en términos de contribuir al fortalecimiento de procesos y espacios de defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación social y política de comunidades y medios alternativos en El Salvador. Ello implicará enfocarse en fortalecer en su acción efectiva y articulada a los sujetos políticos colectivos, especialmente mujeres y jóvenes, y su participación en los medios comunitarios y en sus comunidades. De acuerdo a las conclusiones del estudio de la problemática en el contexto salvadoreño general y en lo particular, las radios comunitarias y el derecho a la comunicación de las comunidades rurales salvadoreñas, y a partir de la experiencia y capacidades locales existentes, el análisis de alternativas se centró en la elección de aquellas con mayor potencial y que, con su desarrollo, pueden contribuir a dar respuesta a las necesidades e intereses que se deben ser satisfechas para lograr revertirlas. Asimismo, la intervención retoma los ejes de trabajo definidos institucionalmente, a saber: justicia de género, defensa del territorio, organización comunitaria y derecho a la comunicación. Se establece como premisa el compromiso de ADES en la continuidad del acompañamiento a procesos democráticos y en defensa de los bienes comunes en el territorio, y desde la convicción de que es preciso reforzar a titulares de derechos con las herramientas que les permitan enfrentar y contener el impacto que los posibles retrocesos en los estándares de derechos humanos. Todo ello desde la consideración de las características socioeconómicas de la población, las capacidades y las experiencias locales existentes para dar respuesta a aquellos aspectos relacionados con acciones políticas conjuntas de titulares de derechos de forma organizada.