Proyectos de cooperación

El 5 de marzo el Gobierno de Guatemala decretó Estado de Calamidad por el COVID-19, vigente hasta la actualidad. Las medidas de contención decretadas están agravando los problemas estructurales y exacerbando el hambre estacional en Guatemala. El país inició el 2020 con una prevalencia de subalimentación de alrededor del 15% del total de la población (OCHA, 2020), siendo la quinta más alta de América Latina. Los pronósticos han estimado que esta cifra aumentará entorno a un 19% entre junio y septiembre de 2020 debido al agotamiento de las reservas alimentarias, la pérdida de empleo y fuentes de ingresos alternativas, la disminución de las remesas, la dificultad de movilización para buscar ingresos y el alza en los productos de consumo básico, entre otras complicaciones generadas por el COVID-19. El país tiene la tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años más alta de América Latina y el Caribe, ocupando el sexto lugar a nivel mundial, con una prevalencia del 46.5% (UNICEF, 2019), con un riesgo inminente de aumento de la desnutrición aguda en algunas zonas. A medida que la crisis se prolonga, las carencias y necesidades primarias de las familias se van incrementando, con incidencia diferenciada y agravada para la niñez y las mujeres. A corto plazo, las principales necesidades de los grupos más vulnerables son: asistencia alimentaria; provisión de agua segura para consumo humano; insumos de higiene y saneamiento para una correcta protección; identificación y tratamiento de los casos de desnutrición aguda; acceso a medicamentos y servicios de salud en emergencia.