Proyectos de cooperación

Fondo solidario de emergencia: El sistema estatal de acogida para personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional se adapta progresivamente a las dinámicas migratorias, en constante evolución. Las políticas europeas de contención, la obligatoriedad de visados de tránsito, o la falta de un Reglamento que desarrolle la Ley de Asilo de 2009 suponen trabas, lagunas jurídicas, interpretaciones laxas de la normativa, desprotección e indefensión para miles de personas que se han visto obligadas a huir de sus países. La pandemia de coronavirus y el cierre de fronteras durante el estado de alarma, fomentó otras rutas de acceso a Europa más peligrosas y mortíferas. La última modificación en el marco normativo regulador del sistema de acogida reduce significativamente los plazos temporales para la resolución de los expedientes de protección internacional, y limita el catálogo de prestaciones técnicas y ayudas exclusivamente a beneficiarios/as de protección internacional, quedando fuera las personas solicitantes que hayan consumido su tiempo de estancia en plazas de acogida del sistema. De tal forma, y dado que la concesión de protección internacional en nuestro país es significativamente inferior a la media europea (5%-30%) observamos un creciente conjunto de población que queda fuera del sistema de protección, por exceder el plazo establecido, o por haber visto denegada su solicitud, y que presenta graves factores de vulnerabilidad y exclusión social.