Proyectos de cooperación

Durante el mes de marzo de ese mismo año se produjeron en El Salvador un número muy elevado de homicidios, los cuales se atribuyeron en gran mayoría a las pandillas que existen en el país. A finales de ese mismo mes, el gobierno decretó el estado de excepción y, con éste, quedaron suspendidos diferentes derechos constitucionales: Libertad de reunión y asociación. Se limita el movimiento libre de las personas. Derecho a ser informado/a de las razones para ser detenido, derecho a no declarar y derecho a una defensa. Muchas personas son detenidas sin razón aparente, no se les informa y se les niega la opción de defenderse. Duración máxima de la detención administrativa. Hasta ese momento, la duración máxima antes de pasar a disposición judicial era de 72 horas. A partir de entonces, pasa a ser de 15 días, pero puede alargarse durante el tiempo que esté decretado el estado de excepción. Hay personas que llevan 6 meses detenidas en esta situación. Inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Durante la duración del estado de excepción, las autoridades pueden intervenir las comunicaciones sin ningún tipo de orden judicial. El estado de excepción ha tenido un total de 7 prórrogas y está vigente a día de hoy, a pesar de las denuncias de juristas y organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Así, en estos meses se han contabilizado más de 50.000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias y sin justificación. Muchas personas de familias vulnerables están en prisión y sus familiares no tienen ningún tipo de información de ellas. Pese al miedo a ser detenidas, muchas familias de las personas detenidas en estas circunstancias se han organizado formando el ?MOVIR? (Movimiento de víctimas del Régimen). Este movimiento es el que ha informado a ACUA de la situación preocupante de muchas mujeres detenidas y encerradas en las cárceles, que tienen sobrepasada su capacidad. Estas mujeres no tienen, en la mayoría de los casos, ni la alimentación ni las condiciones sanitarias básicas cubiertas. La mayoría de ellas, además, tienen hijos menores de edad a su cargo y estos niños se encuentran en una situación muy complicada ya que los familiares o conocidos que les ayudan no tienen suficientes recursos para cubrir sus necesidades. Ante esta situación, ACUA presenta este proyecto de emergencia, para apoyar al ?MOVIR? con las siguientes actividades: Compra y distribución de 110 paquetes sanitarios y alimenticios. ACUA se encargará de la compra y preparación de los paquetes, con los alimentos y materiales sanitarios que se pueden entrar en prisiones. MOVIR será la encargada de su distribución a 110 mujeres detenidas durante el estado de excepción. Preparación y distribución de 50 paquetes alimenticios para niños/as, cuyas madres han sido detenidas. Los paquetes serán repartidos a los familiares o conocidos que en estos momentos cuidan de ellos/as. Apoyo legal a los familiares de las personas detenidas, para la tramitación de toda la documentación que se les requiere ante los defensores públicos.