Descripción resumida
Los procesos de especulación inmobiliaria y la falta de un marco normativo en la gestión del agua genera un incremento de los casos de comunidades que ven violentado su derecho al agua, saneamiento y medio ambiente sano, generando foco de conflictividad por diversas causas. La problemática del agua se convierte en una disputa por los bienes naturales, generando la necesidad de un mayor activismo en su defensa por parte de las organizaciones territoriales.
El Foro del Agua de El Salvador ha investigado la situación que se vivió en el área metropolitana de San Salvador durante el confinamiento domiciliar por la Covid-19 y el resultado muestra que hubo desabastecimiento de agua en los municipios más populosos donde habita la población más empobrecida. Esto obligó a la población a tener que comprar agua en camiones cisterna, pagando entre 1.25 y 5 dólares por barril (200 litros de agua), salir de casa para buscar agua, exponiéndose al contagio o a ser confinados en los centros de aislamiento. Como consecuencia, en esta área se registraron los mayores índices de contagio de todo el territorio. Paradójicamente, la empresa pública Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) suscribió acuerdos con grandes empresas constructoras cediéndoles importantes acuíferos para su explotación.
El acuífero de San Juan Opico está ubicado en la falda del volcán de San Salvador. Por su tamaño es una de las balsas de agua más importantes del país y, según informes de ANDA, este acuífero no ha tenido una reducción significativa de su nivel freático en los últimos cuarenta años, suminstrando el 24,9% del abastecimiento de agua potable del área metropolitana de San Salvador.
Desde 2017, ante la amenaza que representaba la construcción del proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, varias organizaciones locales del municipio de Apopa se articularon para formar la Mesa Territorial de la Zona Norte de San Salvador. Este proyecto urbanístico comporta la extracción de 240 litros de agua por segundo (20 millones de litros de agua al día) y, lejos de suponer una política de desarrollo urbano orientada a satisfacer la histórica y creciente necesidad de vivienda digna para más de 400.000 familias, destaca por ser una operación más de especulación urbanística en el área metropolitana. Su desarrollo supondría el cambio en el uso de unas 350 hectáreas impactando directamente en la zona de recarga acuífera y en la disponibilidad de agua para 6.000 familias. Además, también afectaría a la calidad del aire y la disponibilidad de agua potable en los municipios de San Salvador, Mejicanos, Apopa y Cuscatancingo.
Esta Mesa Territorial ha realizado, desde su creación, diferentes acciones legales, comunicativas y de movilización social, construyendo una amplia alianza de oposición al proyecto denominada Colectivo y Campaña Salvemos Valle El Ángel (integrada por organizaciones locales, iglesias, movimientos juveniles y estudiantiles) consiguiendo a fecha de hoy detener el proyecto.
Este proyecto va dirigido a mejorar las capacidades y articulación del tejido social del Foro del Agua para la defensa del derecho humano en el agua en la zona norte de La Libertad. Así, se llevará a cabo una formación en el derecho humano en el agua y en mecanismos legales de denuncia ante la conflictividad territorial por el agua. También se quiere construir un plan de incidencia para la Mesa Territorial Norte de La Libertad. Igualmente, en coordinación con el Foro del Agua de El Salvador, se quiere diseñar una estrategia jurídica y comunicativa para la defensa del acuífero de San Juan Opico.