Proyectos de cooperación

Bolivia ha avanzado en cuanto al reconocimiento de marcos internacionales de derechos humanos y cuenta con un avance normativo protector en materia del derecho a una vida libre de violencia (Leyes 348 y 243 a nivel nacional), pero todavía presenta datos preocupantes que reflejan una brecha entre la norma y su aplicación (por ejemplo, en 2019 hubo 117 feminicidios, en un país de apenas 11 millones de habitantes) que afecta de manera directa al ejercicio de derechos de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Durante la cuarentena causada por el COVID-19 según datos de la Fiscalía General de Bolivia, se atendió 3000 casos de violencia, correspondiendo 2.878 a violencia intrafamiliar, 153 abuso sexual, 124 a violación a mujeres, 118 a violación a niñas, niños, adolescentes, y 102 a estupro. Estos datos nos demuestran que es preciso fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante la violencia. En este marco el proyecto que se presenta al Ayuntamiento de Valencia pretende contribuir al pleno ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias que garantice su participación plena y efectiva en el ámbito personal y político. Para ello como objetivo específico se va a fortalecer la participación ciudadana de las mujeres indígenas en situación de pobreza para mejorar la respuesta institucional a la violencia de género. Se llevará a cabo en el Departamento de La Paz, concretamente en el municipio de El Alto (distritos periurbanos), y el municipio de Sapahaqui (área rural). Para alcanzar el mencionado objetivo se plantean 2 resultados y temáticas fundamentales de intervención, desde la integralidad que exige abordar todas ellas: Mujeres indígenas conocen sus derechos y lideran acciones de sensibilización comunitaria en torno al derecho a una vida libre de violencia (R1). Se van a realizar procesos de empoderamiento personal y colectivo con mujeres que están en situación de violencia o situación de vulnerabilidad, mediante procesos formativos, procesos de réplicas entre pares, y sesiones de orientación a mujeres para ser derivadas a instancias públicas de la ruta de atención a la violencia. Se parte de procesos de empoderamiento personal para construir colectivamente acciones de vigilancia a los servicios públicos (SLIMs ? Servicios Legales Integrales) y articular acciones para la atención oportuna a los casos de violencia identificados. Este proceso será acompañado de acciones de comunicación con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los derechos de las mujeres. Fortalecidas las capacidades y liderazgos de las mujeres para el ejercicio de la participación política desde el enfoque de igualdad de género. Considerando que la etapa electoral de Bolivia presentará nuevas mujeres autoridades políticas como alcaldesas y concejalas y asumiendo la representación, participación y toma de decisiones políticas de las mujeres como una premisa para el ejercicio de democracias igualitarias e inclusivas, se va a fortalecer los conocimientos y capacidades normativas y de gestión pública de las mujeres autoridades (concejalas y alcaldesas) y apoyarlas para la elaboración de propuestas legislativas en favor de los derechos de las mujeres. De igual manera se fortalecerá las capacidades de las/os servidores públicos para mejorar su intervención en la atención de casos de violencia contra las mujeres promoviendo el trabajo articulado con las promotoras comunitarias formadas como brazo operativo en el marco de lo establecido en la ley 348 (Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia).