Proyectos de cooperación

Red Ada y CDIMA son dos ONG bolivianas, que trabajan, desde 1989, CDIMA, y desde 1994 Red Ada, en distintos departamentos del país y a nivel nacional. Su quehacer va dirigido principalmente al empoderamiento de las mujeres para el ejercicio de sus derechos y la generación de propuestas de transformación de estructuras sociales, con un amplio bagaje de proyectos por parte de cada una. Desde el año 2009, la Fundación Mundubat en Bolivia lleva apoyando el trabajo de las organizaciones locales, Red Ada y CDIMA, como parte de su estrategia de trabajo en el país andino para el empoderamiento de las mujeres indígenas. En esto seis años, se han ejecutado más de 6 proyectos conjuntos que han dado fruto a 7 Comités de Derechos y Justicia comunitarios en cuatro departamentos (Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz), conformados por 260 mujeres lideresas formadas en las Escuelas de empoderamiento de los proyectos antecedentes y cuya labor como Comités (CDJ) está en ser vigilantes y garantes desde la sociedad civil del cumplimiento de la ley contra la violencia de género y el resto de normativas de igualdad a nivel municipal. (Ver Anexo. Listado de proyectos conjuntos Mundubat ? Red Ada ?CDIMA) Uno de los logros del trabajo antecedente ha sido que dichos Comités han seguido trabajando de manera autónoma una vez ha terminado la financiación (desde mayo de 2014), sobre todo a través de acciones de sensibilización y denuncia pública en los días emblemáticos celebrados en 2014-2015. Se ha identificado además un potencial importante en estos comités como actores claves de la participación ciudadana, participación ciudadana que es recogida en la ley 348. A su vez, en los 6 años de trabajo compartido entre los CDJ de los cuatro departamentos, se ha ido creando un espacio a nivel nacional, la Plataforma de Acción, que facilita también la labor de los CDJ en su incidencia a nivel nacional desde la articulación y trabajo en red de los comités y departamentos. La dinámica compartida en la Plataforma ha ido generando un espacio con potencial para trabajar de manera articulada en red a nivel nacional y departamental. El proyecto concreto presentado en esta convocatoria forma parte de una estrategia más amplia en la que se quiere abordar otras cuestiones como la comunicación, la articulación con otros actores y el fortalecimiento de instituciones públicas. Esta propuesta pretende ser el primer paso para que tanto dichos Comités a nivel municipal como la Plataforma a nivel nacional, creen sus planes de incidencia política y estrategias de acción para incidir en el cumplimento de la norma desde el rol que les es reconocido en la ley. A su vez, el proyecto pretende también, fortalecer las actividades de movilización social y reivindicación a través de las Campañas en los días emblemáticos (8 de marzo, 11 de octubre y 25 de noviembre) realicen dichos comités. Esos roles son descritos y atribuidos por la ley, que recién se ha reglamentado municipalmente, pero no acaban de implementarse adecuadamente y por ello el presente proyecto permite llevar a cabo un trabajo desde esos comités para que se conviertan garantes de sus propios derechos como organizaciones sociales y como mujeres; vigilantes de la normativas de igualdad; protagonistas de lucha contra la violencia; y resortes de dinámicas sororarias entre grupos que las empoderen y ayuden a salir de círculos de violencia. La propuesta de proyecto se propone a varios niveles, necesarios para la correcta implementación y articulación de la Ley. En el nivel local se trabajará con 7 comités: Quillacollo, Ascensión de Guarayos, Plan 3000, Chuquisaca, Red Intercultural de Lideresas y Lideres de Derecho y Justicia ?Qhana ?Lup`iwi?, el CDJ de La Paz, lideresas 2013-2014 y el de Mocomoco. Estos están conformados por 260 mujeres de 57 municipios y más de 15 provincias de los cuatro departamentos de actuación: Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz. Todos los CDJ se articulan y coordinan en un último nivel nacional a través de la Plataforma de acción. A través de ello, se pretende contribuir a la lucha contra la violencia hacia las mujeres desde el rol protagónico de la sociedad civil reconocido en la ley.